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Algarabía se pronuncia sobre la sentencia contra el hombre que ocultó su orientación a su exesposa: sienta un peligroso precedente para las personas LGBTI

Desde la Asociación se denuncia la manifiesta invisibilización de la bisexualidad que promueve el fallo

La Asociación LGBTI de Canarias Algarabía quiere expresar abiertamente que, pese a respetar las decisiones judiciales, no comulga con la sentencia emitida el pasado 19 de octubre en el caso de Javier Vilalta, acusado por su exesposa de haber mantenido oculta su verdadera orientación sexual. La denuncia, que llega nueve años después de haber dado por finalizada unión matrimonial entre demandante y demandado, no contempla en ningún momento la opción de que este último pudiera ser bisexual, limitándose a hacer mención de la dupla heterosexualidad/homosexualidad.

Ahora, el fallo emitido por la jueza encargada del caso sentencia a Javier a pagar a su expareja un total de 3.000€ y declara la nulidad del compromiso. Más allá de los entresijos legales del caso, Algarabía estima relevante señalar que las repercusiones que dicho fallo tiene para la sociedad son importantes, en especial para el colectivo LGBTI.

Un juicio sobre la orientación sexual de un hombre

Algarabía considera que este proceso judicial, desde sus mismos inicios, es de naturaleza bifóbica, en tanto en cuanto promueve de manera manifiesta una total invisibilización de la bisexualidad como orientación sexual real. Además, atenta directamente contra las personas LGBTI, pues cuesta creer que pueda llegar a existir un supuesto similar que verse sobre una persona heterosexual que haya mantenido relaciones con otras en un momento previo a su matrimonio.

Por otra parte, la sentencia va presumiblemente en contra de los Principios de Yogyakarta, una carta de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género de alcance internacional. En su punto número 6, el documento estable el derecho a la privacidad. Más específicamente, estipula “el derecho a optar por revelar o no la propia orientación sexual o identidad de género”, por lo que, se deduce, nadie debería ser obligado a declarar sobre su orientación sexual.

En cualquier caso, la sentencia sobre el caso de Javier Vilalta sí que refleja, a todas luces, la evidente falta de sensibilidad de la judicatura hacia el colectivo, fruto del desconocimiento que existe hacia las diferentes realidades de las personas LGBTI. Por ello, Algarabía estima esencial que se tramite lo antes posible una Ley Estatal de Igualdad LGBTI que acerque a los profesionales del Derecho la problemática social y legal de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans* e intersexuales.

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